Cosmos

¿De quién es la Luna?: El problema legal de volver a pisarla

Ana Cristina Olvera 30 / Jun / 19
Después de cinco décadas, la humanidad se prepara para regresar a la superficie lunar con una participación importante de la industria privada. La intención es establecer una presencia sostenida y sostenible, como primer paso para el viaje a Marte pero los retos no son únicamente tecnológicos

Faltan pocos días para que festejemos 50 años del primer alunizaje de seres humanos y, según lo ha anunciado con bombo y platillo, la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos (NASA) alrededor de cinco años para que volvamos a ver astronautas caminando en la superficie de nuestro satélite natural. Sin embargo, lograrlo implica enfrentarnos con nuevos retos tecnológicos y hallazgos científicos, pero también dilemas filosóficos y, por supuesto, legales. 

En el plan Moon to Mars, en el que se incluye el programa Artemisa, que pretende poner a la primera mujer y el siguiente hombre en la Luna, se habla también de iniciar una presencia sostenible, y permanente en el astro con una estación espacial lunar y visitas tripuladas anuales, por lo menos del 2025 al 2028. 

Se especifica también que se explotarán los recursos, por lo menos para “hacer posible seguir expandiendo la exploración”, según lo especifica la página oficial de la misión. ¿Qué implicaciones tiene esto para los demás países del mundo y entre las empresas privadas que se sumen a la economía lunar? 

Una Constitución para el espacio

Al inicio de la era espacial, con el lanzamiento del Sputnik por parte de la Unión Soviética en 1957, la preocupación porque se le diera uso militar al espacio exterior era inminente en medio de una Guerra Fría. Y así específicamente se expresó en el mismo nombre del organismo creado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para lidiar con los asuntos fuera de este mundo: Comité de Usos Pacíficos del Espacio Exterior (COPUOUS, por sus siglas en inglés). 

Para 1962, el comité contaba ya con dos subcomités encargados de articular cuestiones legales de desarrollos científicos y tecnológicos, con servicios de secretaría proporcionados por la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA por sus siglas en inglés). Actualmente este comité cuenta con 92 Estados miembro.

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Sesión del Comité de Usos Pacíficos del Espacio Exterior de Naciones Unidas | Foto: ONU

Bajo estos organismos nacieron los cinco tratados, y principios que hasta el momento rigen la exploración y explotación humana del espacio, siendo el más importante el “Tratado sobre los principios que rigen las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes”, conocido coloquialmente como el “Tratado del Espacio Ultraterrestre”, el cual se ratifica desde 1967, con 107 adherentes al día de hoy, y en cuya primera oración del primer artículo se refleja el carácter que las naciones han querido imprimir a la exploración espacial a lo largo de estas décadas:
 

La exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, e incumben a toda la humanidad.”

A grandes rasgos, lo que Estados Unidos y la Unión Soviética, como principales actores y gestores, quisieron establecer con este acuerdo, que funge como una especie Carta Magna de las actividades en el espacio, fue que nadie subiría armas nucleares y exterminaría fulminantemente al otro. Pero también establece que serán las naciones que exploren el espacio las que se encargarán de dar la legislación correspondiente a estas actividades y se harán responsables por no causar ningún daño, así como no se declarará soberanía sobre ningún territorio y se ceñirán al principio de que la exploración se haga en beneficio de todo el planeta.

Poniendo reglas en la Luna 

Luego de otros tres tratados concernientes al rescate de astronautas; a la responsabilidad ante daños, y al registro de objetos lanzados al espacio, se materializó la llegada de los seres humanos a nuestro satélite. Así nació el Acuerdo que Debe Regir las Actividades de los Estados en la Luna y otros Cuerpos Celestes, en 1979. Éste pretendía reforzar de manera más específica y dar forma a las actividades en la Luna que se veían ya como una realidad. 

Además de hacer un gran énfasis en la no militarización y uso pacífico de las actividades en cuerpos celestes —específicamente en su artículo 3— contempla la posibilidad de que, por medio de las Naciones Unidas, se declare algún sitio como reserva científica internacional o bajo alguna protección especial. Pero, en su artículo XI estipula específicamente que “La Luna no puede ser objeto de apropiación nacional mediante reclamaciones de soberanía, por medio del uso o la ocupación, ni por ningún otro medio.” 

A pesar de esto, recomienda que los países parte de este acuerdo establezcan un régimen internacional que rija los términos de la explotación de los recursos naturales en la Luna, respetando los principios básicos de cuidado del equilibrio natural, la seguridad y el interés y beneficio de toda la humanidad. También se estipula que cualquier que tenga una inconformidad o controversia puede convocar a una o más partes del tratado a una audiencia para generar un acuerdo común. 

La ley de la Luna 

Aunque la imagen de la bandera de los Estados Unidos erguida sobre la superficie del único mundo que la humanidad ha visitado fuera de la Tierra quedó grabada en las memorias de las personas y naciones como la conquista más grande que haya tenido la nación norteamericana, algunos como Frans von der Dunk, profesor de derecho espacial en la Universidad de Nebraska-Lincoln, aseguran que este acto no fue más allá de una forma simbólica de honrar a los contribuyentes estadounidenses, y el equipo nacional por la proeza. 

Prueba de ello, argumenta el abogado, fue que ellos llevaron hasta la Luna la placa con la leyenda: “vinimos en paz para toda la humanidad”; y, por supuesto, está también la icónica frase de Neil Armstrong: “un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad”. Además de respetar su compromiso por el avance de la ciencia, poniendo a disposición de la investigación parte de los casi 400 kilos de rocas lunares que se recolectaron durante las misiones de exploración.

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Buzz Aldrin junto a la bandera de Estados Unidos en la Luna durante el primer alunizaje | Foto: NASA

¿Apropiación del satélite natural?

A pesar de esto, cada cierto tiempo existen casos alrededor del mundo en los cuales las personas tienen la intención de adueñarse de la Luna; y así lo relata, Virgiliu Pop, investigador de la Agencia Espacial Rumana quien en su libro Unreal Estate: The Men Who Sold the Moon (Inmuebles Irreales: Los Hombres que Vendieron la Luna) describe los intentos para declarar títulos de propiedad sobre la superficie del satélite. 

Las preocupaciones arqueológicas son las que quizá hasta el momento han llegado más lejos en el intento de, si no reclamar soberanía o hacer comercialización de sitios y recursos en la Luna, sí resguardar ciertos lugares de manera especial. Algunos de los más importantes esfuerzos, relatados por la arqueóloga espacial Alice Gorman, son el emprendido por la NASA. La agencia creó en 2011 una serie de “recomendaciones voluntarias” para que futuras misiones evitaran dañar los sitios de alunizaje de las misiones Ranger, Surveyor y Apolo

Ese mismo año surgió la iniciativa “Ley del Legado Lunar de Apolo” para declarar un parque nacional, asegurando protección de los sitios estadounidenses considerados patrimonio de la exploración espacial del país. Ésta no ha prosperado por la gran controversia que levanta al entrar en controversia con el principio de no apropiación de los territorios y recursos fuera de nuestro planeta que plantea el Tratado del Espacio Ultraterrestre. 

En 2013, los abogados Henry Herzfeld y Scott Pace publicaron en la revista Science una propuesta que pretendía acabar con este dilema: la creación de un acuerdo multilateral al más alto nivel internacional, abierto a todas las naciones interesadas, en el cual se estipulara la protección de patrimonio histórico y arqueológico de todas las naciones que han explorado el espacio, sin entrar en la discusión de propiedad y derechos de explotación de los recursos. 

Aunque esta última tampoco recibió mucho eco, muy recientemente una propuesta de ley bipartidista bajo el nombre "Ley Un Pequeño Paso para Proteger el Patrimonio de la Humanidad en el Espacio”, está siendo impulsada en el congreso estadounidense por lo senadores Gary Peters de Michigan y Ted Cruz de Texas. Esta iniciativa pretende que cualquier empresa que obtenga una licencia para realizar actividades en la Luna, deba seguir de manera obligatoria las hasta ahora cordiales recomendaciones de la NASA del 2011. Se está empujando para que esta propuesta se convierta en ley a tiempo para el festejo de los 50 años del Apolo 11, el 20 de julio próximo.
 

Imágenes del sitio de alunizaje del Apolo 17 captadas por el satélite Lunar Reconnaissance Orbiter
Foto: NASA

Explotación inminente 

Ninguna de las aproximaciones legales que se han realizado al tema de la presencia de los seres humanos en la Luna ha abordado de manera directa el tema de la explotación comercial de los recursos naturales de ésta y otros cuerpos celeste. Este es uno de los grandes debates que actualmente avivan las discusiones, de cara a la participación cada vez más notable de la industria privada en la exploración del cosmos. 

Ante esta situación, una corriente de especialistas coinciden, incluido entre ellos Dr. mexicano Luis Antonio López Velarde, miembro del Instituto Internacional de Derecho Espacial, en que aunque por derecho la apropiación y explotación de los recursos más allá de los límites terrestres se niegue o se prohíba, de facto va a suceder. El primer indicio de esto es que el Acuerdo de la Luna sólo ha sido ratificado por 18 países, ninguno de los cuales se trata de Estados Unidos, Rusia, China o India, los únicos que en este momento tienen la capacidad real y los medios para llegar hasta la Luna y otros cuerpos celestes.

En entrevista, el abogado, quien recientemente publicó el libro El espacio exterior y su regulación. Contexto de la actividad mexicana, prevé que la ley que funcionará será la de aquellos que lleguen y realicen más actividades de manera sostenida y contundente.

Esto quiere decir que, como también explica Joanne Gabrynowicz, profesora de derecho espacial en la Universidad de Mississippi y editora del Diario de Derecho Espacial, los países proveerán de licencias a sus empresas para hacer llevar a cabo actividades comerciales en los territorios y con los recursos allí disponibles, como sucede en ultramar. 

Esto sucederá así hasta que las controversias interpuestas por otros países, o la participación activa de más naciones llame a la necesidad de generar un marco regulatorio internacional específico que incluso llegue, afirma el mexicano, a establecerse en un “Derecho Interestelar”.
 

Gráfico descriptivo de la Fase 1 del plan Artemisa
Foto: NASA

Privaticación lunar 

Así lo ha iniciado ya Estados Unidos y Luxemburgo, en 2015 y 2017 respectivamente, naciones que unilateralmente han legislado para conceder garantías y derechos de explotación de recursos a las empresas que quieran incursionar en este nuevo sector económico. 

“Por lo tanto, el espacio exterior oficialmente ha sido abierto al sector privado para su explotación y los objetivos de Estados Unidos ya están fundamentados en su legislación y políticas espaciales, con el propósito de continuar liderando la exploración espacial y expandir su presencia en el universo, generando fechas críticas para seguir operando la Estación Espacial Internacional, regresar a la Luna para establecer bases o colonias, continuando con la ocupación del planeta Marte”, afirma en su libro López Velarde. 

Situación que se ha puesto en marcha de manera agresiva a partir de la puesta en marcha de Artemisa, para la cual no podrá más que depender de la participación indispensable de las empresas privadas, pues, hasta el momento, el programa sólo cuenta con 1500 millones de dólares prometidos de los 30 mil millones que recientemente ha declarado el administrador de NASA serán necesarios. 

A decir de López Velarde, los países como México y otros como Brasil, Argentina y Egipto, los cuales desde los setenta velaron por mantener el principio de patrimonio común de la humanidad en los tratados, podrían inconformarse con la manera de actuar de las potencias espaciales en materia jurídica. Pero, mientras esto no suceda, más valdría pugnar por el desarrollo de la legislación necesaria para también estimular a la industria nacional y atender a la naturaleza humana de exploración del universo:

Las actividades espaciales admiten una gran mayoría de profesiones, pero esos profesionistas necesitan las reglas del juego para entrar a las actividades espaciales y no las hay. Tenemos que desarrollarlas para poder empezar a ordenar las prioridades de México y estar listos para subirlas a las discusiones internacionales cuando sea ineludible la discusión.”

Este es nuestro especial por los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Selecciona el texto y descubre detalles exclusivos de la NASA:

Autor: Ana Cristina Olvera
Licenciada en Filosofía y Maestra en Emprendimiento Social, con larga trayectoria en la comunicación. Fue directora de Difusión y Relaciones Interinstitucionales de la Agencia Espacial Mexicana. Actualmente es conductora de INTERFAZ, y co-conductora del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Colabora en Radio UNAM y NASA en español, entre otros medios nacionales e internacionales. Creadora del proyecto 4ta Revolución.